UNICOM-ENDE 03/07/2022.- El jefe de la Unidad Transparencia de ENDE Corporación, Claudio Guerrero informó que, en cumplimiento al seguimiento de los procesos judiciales respecto a las denuncias presentadas sobre hechos irregulares encontrados en las empresas que conforman la corporación; actualmente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción, realizó la acusación formal contra el exgerente General de ENDE Transmisión Alejandro Arauz Añez y el exgerente de Administración y Finanzas, Santiago Xavier Terceros Pavisich, por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, con un daño económico que asciende a más 749 mil bolivianos.
Guerrero indicó que “producto de dos auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de ENDE Transmisión, se pudo identificar el daño económico que asciende a Bs. 749.119,08, debido a la mala administración de recursos de la empresa para su propio beneficio. Los ilícitos se evidencian en el uso de tarjetas de crédito para gastos personales, viajes nacionales e internacionales, sin justificación, además de la contratación irregular de personal de confianza sin que estos se constituyan en sus fuentes laborales y el pago de pasajes y viáticos a personas que no formaban parte de la plantilla empresarial o con relación laboral con la empresa”.
Actualmente el proceso está a puertas de ingresar a la etapa de juicio oral y público “La denuncia fue interpuesta por la Unidad de Transparencia de ENDE Transmisión, por las irregularidades identificadas durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, por su parte el Ministerio Público emitió la Resolución de Acusación Formal por la que se apertura la etapa del juicio oral, público y contradictorio, contra estas ex autoridades, por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificado en los art. 224 y 154 del Código Penal” indicó Guerrero.
Guerreo manifestó, que la Unidad de Transparencia tiene la obligación de realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos administrativo y judiciales que emerjan de la gestión de las denuncias efectuadas, así como en los que se pretende recuperar fondos o bienes del Estado sustraídos por actos de corrupción “el caso seguirá el curso legal que corresponda, a fin de establecer las responsabilidades por el presunto daño económico a la empresa dependiente de la estatal ENDE, en estricto apego a las garantías constitucionales, los principios de transparencia, así como en el resguardo de los intereses del Estado, en el marco de la política de cero tolerancia a la corrupción” concluyó.
