Cochabamba, 16 de noviembre (PGE).- El Consejo de Ministros aprobó el 11 de noviembre el Decreto Supremo Nº 2594 que dispone el pago de 34 millones de dólares estadounidenses a las empresas Iberdrola, S.A. e Iberdrola Energía, S.A.U. (Españolas) y el Decreto Supremo Nº 2592 que dispone el pago de 19 millones de dólares estadounidenses al grupo inversor Paz Holdings Ltd. de Bermudas (Gran Bretaña), ambos pagos corresponden a la nacionalización de las acciones que tenían en la empresa Iberbolivia de Inversiones S.A., la cual a su vez era dueña de las sociedades anónimas bolivianas ELECTRICIDAD DE LA PAZ S.A. (ELECTROPAZ), EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA DE ORURO, S.A. (ELFEO S.A), COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS – Bolivia, S.A. (CADEB), y EMPRESA DE SERVICIOS EDESER S.A. (EDESER), medida soberana adoptada mediante Decreto Supremo No. 1448, de fecha 29 de diciembre de 2012.
Las empresas Iberdrola, S.A. e Iberdrola Energía, S.A.U., mediante nota de fecha 29 de julio de 2014, presentaron formalmente una Notificación de Arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, demandando el pago de la nacionalización de las acciones e intereses.
Mientras que el grupo inversor Paz Holdings Ltd. presentó su Notificación de someter la controversia a arbitraje internacional el 22 de julio de 2015.
Durante el proceso de negociación la Empresa Nacional del Electricidad (ENDE), el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, asesoradas por la Procuraduría General del Estado, acordaron elaborar y presentar a los representantes de las empresas Iberdrola, S.A. e Iberdrola Energía, S.A.U. y Paz Holdings Ltd., los estudios financieros que determinarían el valor de las acciones en las empresas nacionalizadas mediante Decreto Supremo Nº 1448.
El Estado, de forma responsable, realizó los estudios técnicos y jurídicos necesarios para preservar el patrimonio de las bolivianas y los bolivianos y luego de elaborados los mismos, se identificó el valor real de las empresas, con lo que –después de un arduo y largo proceso de negociación– se llegó a una solución amistosa para resolver ambas controversias. El Estado boliviano pago la valuación más baja que arrojo el estudio realizado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
Este acuerdo, cierra todas las demandas arbitrales que tenía el Estado, fruto de la nacionalización de empresas en el sector eléctrico, procesos que pueden durar meses o años, con resultados inciertos. Al haberse concluido los dos últimos arbitrajes internacionales de inversiones contra Bolivia en el sector eléctrico, este queda completamente saneado, logrando consolidar el proceso de nacionalización liderado por el presidente Evo Morales, gracias a la estabilidad política y económica de la que actualmente vive Bolivia.
El presidente Evo Morales, concedió alta prioridad a retomar el control –por parte del Estado– del sector eléctrico, considerándolo un sector estratégico de la economía y la sociedad boliviana, reiterando la importancia de garantizar la seguridad energética del Estado boliviano, con énfasis en el abastecimiento interno y en el cambio de la matriz eléctrica, dando mayor importancia al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. De esta manera Bolivia se convierte en un país exportador de electricidad generando así mayores ingresos para los bolivianos.
Gracias a estas nuevas políticas, hoy Bolivia tiene indicadores económicos alentadores, el país pasó a ser una referencia de crecimiento en la región por tener una estabilidad social, una estabilidad económica y una estabilidad política.
